- Hacienda destituye al subdirector de Tributos Locales imputado en el caso Montoro
- Montoro dice que no hay pruebas contra él y vincula el caso a los escándalos del Gobierno
El exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha sido imputado por un juez de Tarragona en una trama de presunta corrupción. Hoy se ha dado de baja como afiliado del PP.
La investigación se centra en el supuesto aprovechamiento de su cargo para impulsar y aprobar diversas leyes que beneficiaron directamente a empresas del sector gasista, las cuales eran clientes de la firma Equipo Económico, el despacho de abogados que el propio exministro Montoro fundó junto a varios de sus colaboradores en el Gobierno. La firma emitió ayer un comunicado negando haber pertenecido a una trama criminal y remarcando que Montoro dejó el despacho a comienzos de 2008.
La causa, de gran envergadura, involucra a un total de 28 personas físicas, más otras seis personas jurídicas (sociedades). La investigación atribuye a los implicados la presunta comisión de hasta siete delitos. El juez aprecia indicios en este caso de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Montoro ha comunicado hoy al PP su decisión de abandonar la militancia del partido, que anoche le abrió un procedimiento de información tras conocerse la investigación.
Lista de investigados
Además de Montoro, están investigados Miguel Ferré Navarrete (secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016 y nombrado por el ex ministro del PP), Pilar Platero Sanz (subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016, también nombrada a propuesta de Montoro), Felipe Martínez Rico (subsecretario de Hacienda y Función Pública), Diego Martín-Abril (ex director general de Tributos), Óscar del Amo (exsubdirector director general de Tributos) , Rogelio Menéndez (exasesor de Montoro), José María Buenaventura (exdirector del gabinete del ministro), José Alberto García Valera (ex director general de Tributos), Rogelio Menéndez (exasesor del gabinete de Montoro) y Santiago Menéndez (ex director general de la Agencia Tributaria).
También están investigados las empresas y los máximos responsables de Air Liquide (Patrick Emmanuel Marcel), Abelló Linde (ahora Linde Gas España), Messer, Praxair (Eduardo García), Sociedad Española de Carburos Metálicos (Francesco Maione), todas ellas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales(AFGIM), y los principales responsables del despacho Equipo Económico (ahora Global Afteli): Ricardo Martínez Rico (presidente ejecutivo), Manuel de Vicente Tutor (socio director del Área fiscal y regulatoria), Salvador Mariano Ruiz Gallud (socio director del Área fiscal), Francisco de Asís Piedras Camacho (socio director del Área económico-financiera), y Covadonga Gómez Garrido, que en la web del despacho aparece como trabajadora de departamenteo de Administración.
'Modus operandi'
El auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona es contundente al señalar el modus operandi de la trama. Según el magistrado, "el uso de tales potestades [ministeriales] habría permitido a Equipo Económico poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público".
Las pesquisas ponen de manifiesto la supuesta intencionalidad detrás de las reformas. El auto subraya que se buscaba "aprobar una modificación ad hoc, es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas". Esta ley a medida habría dejado deliberadamente "fuera a otros sectores cuyos costes de electricidad también superasen el lindar del 50% de los costes de producción", lo que evidenciaría un presunto trato de favor para estas compañías.
Uno de los aspectos más graves que revela la investigación es el grado de participación de las propias empresas beneficiadas en la redacción de la normativa. El auto del juzgado evidencia que correspondió a las compañías englobadas en la asociación AFGIM (Air Liquide, Abelló Linde, Messer, Praxair y Carburos Metálicos) "la redacción del texto propuesto para la elaboración de la norma que los incluyese en el citado beneficio fiscal". El juez califica esta situación como una "sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades normativas", una cesión inaceptable de la función legislativa a intereses privados.
La imputación sitúa a Montoro en una posición de relevancia dentro de la presunta trama, al considerar que "presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio". El objetivo final, según se desprende de la investigación del juzgado, era claro: "asegurar una ganancia al despacho Equipo Económico", cerrando así el círculo de favores entre el poder político y los intereses económicos de su entorno profesional.