El expediente puede tardar más de dos años en esr firme, pero da argumentos a BBVA para iniciar su propio recurso.
Bruselas se suma a la larga lista de actores que tiene esta película en la que se ha convertido la opa hostil de BBVA sobre Sabadell y que, casi desde el principio, dejó entrever ciertos tintes de culebrón. Quien pensara que la intervención decidida de la Comisión Europea en el proceso -con la apertura de un procedimiento de infracción a España- iba a traer consigo la rápida resolución del entuerto no podía estar más equivocado.
El Ejecutivo comunitario ha dado el primer paso de lo que se espera que sea un larguísimo recorrido. El envío de su carta de emplazamiento al Gobierno es el pistoletazo de salida, pero los procedimientos de infracción no tienen atajos, vías de urgencia ni aplicación de medidas cautelares.
Por ello, incluso aunque la Comisión Europea considere que se está infringiendo de forma flagrante la legislación comunitaria, si el Gobierno decide defender su postura hasta el final, pueden pasar años antes de que las condiciones que impiden la integración de ambos bancos se aligeren o se retiren. De hecho, si los tiempos previstos se cumplen a rajatabla, los tres años durante los que BBVA debería mantener Sabadell como una entidad independiente estarían ya muy avanzados antes de contar con una sentencia firme favorable a la entidad.
Fuentes comunitarias aseguran que el caso no acabaría en denuncia ante el TJUE hasta 2026 y que la primera sentencia con la potencial multa se retrasaría hasta, como mínimo, la segunda mitad de 2027.
La tardanza es una crítica habitual a los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión Europea, que ha tratado de acelerarlos en la medida de lo posible, pero siguen dilatándose en exceso y permitiendo que los Estados Miembros vulneren el Derecho común.
"Aunque la Comisión Europea ha mejorado la forma en que detecta y corrige las infracciones de la legislación de la UE, todavía tarda demasiado en cerrar los casos de infracción", señalaba en diciembre del pasado año un informe del Tribunal de Cuentas Europeo.
España podría tratar este expediente de la Comisión Europea como uno más de los 91 procedimientos de infracción que tiene abiertos en Bruselas. Uno de ellos, relativo al tratamiento de aguas residuales, tiene ya aparejada una sanción económica y ni con ello el país ha revertido la infracción de las normas comunitarias.
No existen, por lo tanto garantías europeas que alivien a corto plazo la capa extra de incertidumbre que el Gobierno le ha añadido a la operación hostil de BBVA sobre Sabadell y que ya se antojaba muy delicada.
Madera para BBVA
Lo que sí podría dar el procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea sobre España es nuevos argumentos de peso a BBVA para iniciar su propia batalla legal. Si el banco presidido por Carlos Torres opta por cargar contra el Ejecutivo español por sus trabas a la operación sobre Sabadell, tendría que presentar un recurso ante el Tribunal Supremo por la vía contencioso-administrativa.
Es en esa instancia en la que podría aportar la carta y las dudas transmitidas por Bruselas para robustecer sus argumentos.
La institución europea, a pesar de apostar claramente por la concentración bancaria y señalar que "beneficia a la economía de la UE", no prestará asistencia a BBVA e insiste en que el resultado particular de la opa no es de su incumbencia y que sólo se mueve para que se cumpla el Derecho europeo.
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