- España efectúa el primer pago por los laudos de renovables: 32 millones al fondo Blasket
- La Justicia belga embarga a España por los impagos de los arbitrajes de las renovables
El fondo Blasket, que tiene los derechos del arbitraje ganado por RREEF, sigue la misma estrategia que le permitió cobrar en junio la primera y única indemnización pagada por España a los inversores afectados por el recorte de las primas a las renovables.
Nuevo embargo sobre los activos de España en el extranjero por la guerra de arbitrajes de las renovables, esta vez en Bélgica. Un tribunal de primera instancia de Bruselas ha autorizado el embargo de los ingresos que obtiene España a raíz de la gestión de control de su tráfico aéreo, y que son transferidos mensualmente por Eurocontrol a Enaire.
En una decisión con fecha del pasado 12 de julio, la Justicia belga ordena el embargo ejecutivo de las cuentas bancarias del operador público español de navegación aérea Enaire, tras la reclamación efectuada por Blasket Renewable. Este fondo se hizo con los derechos de cobro del laudo ganado por RREEF, que condenaba a España a pagar una compensación de 59,6 millones de euros. Sumando intereses y costas, esta cantidad se eleva hasta los 73 millones.
El dictamen del tribunal belga ordena que Eurocontrol debe notificarlo a Enaire en un plazo máximo de 15 días. Las cuentas embargadas vienen moviendo en los últimos años en torno a 500 millones de euros anuales en tasas aéreas, con un volumen especialmente alto en los meses de verano.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) explican que "la Abogacía del Estado iniciará procedimiento de oposición, se abrirán otras vías de actuación litigiosa en paralelo y se impugnará el reconocimiento por parte de Bélgica, agotando todas las vías legales hasta la resolución".
El único laudo pagado
Al recurrir a la Justicia belga para ejecutar el laudo, Blasket ha seguido la misma estrategia que hace un año ya permitió el embargo de 32 millones sobre los pagos de Eurocontrol por el arbitraje favorable a la compañía japonesa JGC. Tras casi un año de negociaciones, el fondo consiguió en el pasado mes de junio algo que aún no había ocurrido: cobrar la primera y única indemnización pagada por España a raíz del recorte de las primas a las renovables.
La decisión de España de litigar sistemáticamente para no pagar por los arbitrajes perdidos por este asunto ha desembocado en la activación de complejos procedimientos de ejecución que han llegado a provocar el embargo de bienes y activos propiedad del Reino de España en terceros países.
En este caso, España ha sido representada por el bufete especialista en derecho neerlandés NautaDutilh, que se opuso a la ejecución del laudo planteando que pagar indemnizaciones a inversores europeos resulta ilegal. Por su parte, el despacho Loyens & Loeff, que ha asesorado a RREEF, argumentaba que la matriz del inversor tiene su sede en suelo británico, fuera del alcance jurisdiccional de la UE. Este hecho provocó que la jueza belga Els De Breucker fallase a favor de RREEF, ordenando el embargo.
El arbitraje favorable a RREEF, que invirtió entre 2007 y 2010 en proyectos eólicos y solares en Andalucía, fue resuelto en diciembre de 2019 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). El laudo imponía a España una condena de 59,6 millones de euros, que la acumulación de intereses desde el inicio del procedimiento a una tasa del 2,07% y las condenas en costas disparan hasta los 73 millones de euros. En 2022 el Ciadi desestimó la solicitud de anulación formulada por España contra la resolución.
Según fuentes cercanas a los inversores, España acumula un total de 26 laudos pendientes de pago por la retirada de las subvenciones a las renovables, con una deuda cercana a los 1.493 millones de euros, a la que se suman alrededor de 180 millones en concepto de interesesde demora y otros 90 millones por el impacto de las condenas en costas.
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